La integridad pública es la actuación coherente con valores, principios y normas, que promueve y protege el desempeño ético de la función pública, de modo que los poderes y recursos confiados al Estado se dispongan hacia los fines que se destinaron, asegurando que el servicio público a la ciudadanía esté orientado al interés general y a la generación de valor público (PCM, 2021). Para aplicar esta definición, en primer lugar, es necesario distinguir principios de valores. Los primeros están señalados en el Código de Ética de la Función Pública; los segundos, en lo que respecta a esta Guía, se refieren a los valores organizacionales de la entidad. En segundo lugar, se debe identificar el conjunto de normas que regulan la conducta y los actos del servidor público para el cumplimiento de su función.